Biodiversidad privatizada

Cuando es el turno de hablar de qué entendemos por “privatización de la biodiversidad”, la primera idea que se puede tener en cuenta es pensar en este proceso como el siguiente paso de la privatización de lo poco que nos quedaba. La realidad es distinta: el patrimonio natural ya estaba en manos de fenicios en muchas de sus facetas hace mucho tiempo. Ahora, solo queda privatizar y comerciar con la parte más intangible de la naturaleza y los ecosistemas, pero el asalto ya ha comenzado.

Espacios privatizados.

Por desgracia disponemos ya de numerosos ejemplos de cómo nuestro medio natural ha sido comprado y hemos comerciado con él: desde los numerosos ejemplos locales de privatización de un bien natural como es el agua a las iniciativas que a nivel internacional se han puesto en marcha, auspiciadas por diferentes foros internacionales.

A nivel nacional, nos hemos encontrado recientemente con varias ventas de montes públicos. En Castilla la Mancha, el Gobierno de Cospedal puso a la venta en febrero de 2013 alrededor de 57 montes públicos, que suponían vender áreas incluidas en espacios naturales protegidos. Recientemente el Estado ha puesto a la venta la gigantesca finca de La Almoraima. Este espacio está dentro de uno de las áreas de mayor importancia ecológica en Andalucía , en parte dentro del Parque Natural de los Alcornocales que también es parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

La modificación de la Ley de Montes está ofreciendo otra serie de amenazas. A los recurrentes cierres de caminos por parte de propietarios de fincas, el Gobierno central planea ahora permitir el cierre de espacios públicos en el campo para el uso exclusivo de cazadores para la celebración de batidas y monterías, cumpliendo así con las presiones del lobby cinegético. La Comunidad de Madrid por su parte restringirá en 2014 mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas el acceso a numerosos caminos públicos.

Poniendo precio a la naturaleza

Pero quizá lo más alarmante es la incipiente tendencia en los mecanismos y procesos internacionales de privatizar la naturaleza. La biodiversidad en todos sus niveles (genético, específico y ecosistémico) ofrece una serie de beneficios de los cuales nos aprovechamos directamente como sociedad: polinización y alimentos, recursos naturales, purificación de agua y aira, bienes culturales, usos recreativos… No se trata de bienes fácilmente tangibles y no es fácil medir su impacto económico según este sistema por lo que se presentan como externalidades al sistema económico. La respuesta a la pregunta de cuál es el precio que tienen los ecosistemas es por tanto el nudo gordiano cuando el objeto es dar un paso más y privatizar cosas que no tienen un valor monetario. No solo por ser intangibles, sino por su extremo valor. Algunos elementos pueden ser más fácilmente tasables atendiendo por ejemplo a lo que un usuario pagaría por entrar a un determinado espacio natural protegido de alto valor paisajístico, pero otras cuestiones son si cabe más difíciles: ¿qué valor puede tener el mantener el suelo fértil a través de la actividad de invertebrados y microorganismos descomponedores? ¿o los polinizadores que permiten mantener la producción en gran parte de los cultivos? ¿es el dinero ahorrado en sanidad el precio que podemos pagar por la depuración del aire que ejercen los bosques, o es que acaso el 21% de oxígeno que se mantiene en la atmósfera gracias en gran medida a las algas marinas puede llegar a tener precio?. Ante el impacto negativo que el deterioro ambiental supone para la economía, estas preguntas empiezan a cobrar sentido para muchas entidades, como aseguradoras o bancos.

Sin embargo hay varios frentes y metodologías abiertas que pretenden poner precio a la biodiversidad. El más conocido de ellos es la iniciativa TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), iniciada por los ministros del G8 en 2007 y apoyada por entidades como la Comisión Europea, y que pretende una aproximación ambiciosa a todos los ámbitos relacionados con la economía y la biodiversidad.

Especies invasoras

Las especies exóticas invasoras constituyen otro buen ejemplo de proceso de privatización. En este caso, la gestión de las mismas en manos de intereses privados. Cuando España partía de un buen Atlas de Invasoras de la Península elaborado con rigor científico y los datos en la mano, el resultado del proceso del Real Decreto que legisla sobre un catálogo nacional de especies invasoras es francamente deficiente. El catálogo inicial fue rechazado por algunas comunidades autónomas bajo la presión de lobbies de pescadores y de la industria agrícola que tenía intereses en el uso y promoción de plantas invasoras para agrocombustibles.

La privatización llega a Naciones Unidas.

En octubre de 2012 en la ciudad india de Hyderabad tuvo lugar la undécima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, que contó con la presencia de Ecologisas en Acción. Las decisiones finales daban la bienvenida y no solo a la inversión privada para la financiación de la lucha contra la destrucción de la biodiversidad, sino que admitía fuentes especulativas como fuentes para la financiación, como si se pudiera especular en bolsa. Las decisiones tuvieron lugar solamente tres meses después de la cumbre de Río+20, donde se consumó un proceso de mercantilización global del medio ambiente escondido tras el concepto de Economía Verde[4] .

Además durante esa cumbre, el CDB claudicó y dejó en manos de la UNFCCC, que está tomada por el sector privado, cualquier elemento relacionado con el mecanismo REDD+, una de las herramientas más ambiciosas para la explotación forestal y que supone una seria amenaza a los bosques de todo el planeta. Ahora todas las salvaguardas ambientales a los proyectos REDD impuestas por el CDB,, que nunca fueron muchas quedan a merced de un convenio de la CMNUCC que ha demostrado una y otra vez esta funcionandor bajo los intereses de la agroindustria.

Siguiendo la peligrosa senda que la lucha contra el cambio climático tomó al adoptar los mecanismos de desarrollo limpio de Kioto para compensar las emisiones de CO2, el paradigma de la compensación se ha contagiado a las políticas de conservación. Así se ha abierto la puerta a pagar para poder destruir la biodiversidad. Una de las herramientas que ha aflorado con fuerza son lso Bancos de Hábitat, en la nueva ley de evaluación de impacto ambiental. Como su propio nombre indica los bancos de hábitat son un reservorio de hábitats donde se puede invertir económicamente para su preservación por parte de una determinada industria o práctica extractivista que suponga la destrucción de otros hábitats.Lo que se persigue en este caso es evitar la “pérdida neta de biodiversidad”. La trampa es en este caso,doble: primero, conservar o mejorar un hábitat o una especie determinada no puede servir para compensar otra distinta. Segundo, el principio de “no net loss” es perverso: en el contexto de la crisis ambiental actual no cabe aceptar que en el mejor de los casos la calidad de nuestra biodiversidad se mantenga a esos niveles sino que debemos restaurar y revertir la tendencia actual de degradación.¿Es acaso aceptable destruir hábitats o especies porque vamos a preservar otras? Es una insinuación impensable para cualquiera que se despoje de toda frivolidad economicista.

Biopiratería

Ningún nivel de la biodiversidad se escaparía de la privatización. La diversidad genética permite la plasticidad y la adaptación de las especies al entorno, y es la base de dos importantes servicios sociales: la biodiversidad como despensa farmacéutica de principios activos, y la adaptación y domesticación de variedades de plantas y animales para el ser humano adecuándose mediante selección artificial adecuándose a las condiciones ambientales. En el primer caso, principios activos y recursos farmacológicos conocidos desde hace siglos por comunidades locales tradicionales han sido finalmente esquilmados y su uso blindado mediante patentes[6] . En el segundo caso, la variabilidad genética cultivada y mantenida como semillas es cada vez más escasa fuera del monopolio de las grandes compañías del agronegocio.

Movilizaciones ciudadanas

Afortunadamente, aunque se trata de un proceso algo abstracto sí ha tenido contestación ciudadana. La invasión por parte del sector privado de los montes públicos hace tiempo que son respondidas con ocupaciones de fincas, asaltos a caminos, defensa de los territorios… Valdevaqueros, el Algarrobico, el archipiélago Canario o las vías pecuarias madrileñas han sido protagonistas de acciones de los grupos ecologistas.

Desde Río+20 hemos asistido a la formación de nuevas alianzas que se han opuesto a la mercantilización de la naturaleza y que seguirán vigilantes ante el avance de los intereses económicos de algunos para apropiarse de un patrimonio que no es propietario de nadie sino de sí mismo.